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KNOWTax&Legal

Nº 57 – Junio 2017

© 2017 KPMG Abogados S.L., sociedad española de responsabilidad limitada y miembro de la red KPMG de firmas independientes, miembros de la red KPMG, afiliadas a KPMG

International Cooperative (“KPMG International”), sociedad suiza.Todos los derechos reservados.

—— Por su parte, las Administraciones tributarias

identificaron el

comportamiento de los

contribuyentes

como una fuente importante

generadora de inseguridad, en particular ante la

adopción de planificaciones fiscales agresivas, la

ausencia de desarrollo de una estrategia fiscal y

de mecanismos de control de riesgos fiscales, y la

falta de transparencia y cooperación. La educación

y el desarrollo de un entorno colaborativo entre

contribuyentes y Administración se muestra como un

factor clave para avanzar.

—— Finalmente, también los

legisladores

tienen su dosis

de responsabilidad, por la contrastada complejidad

en las normas tributarias, redactadas muchas veces

en forma deficiente y poco clara, y con frecuentes

cambios legislativos que no prevén regímenes

transitorios o efectos anuncio. En este ámbito, se

recomienda a los países el desarrollo de un sólido

marco de diseño y seguimiento de la legislación

fiscal basado en principios, junto con otras medidas

para mejorar su estabilidad, claridad y reducir la

complejidad, con mecanismos inclusivos adecuados

de consulta en el trámite legislativo.

Aterrizando sobre el caso español, si queremos ser una

economía atractiva para atraer inversión extranjera, bajo

los mejores estándares mundiales, no cabe duda que

hay terreno en el que avanzar cuando se pone el foco en

la seguridad jurídico-fiscal.

Y puede progresarse sin duda alguna, en muchos de

los aspectos puestos de manifiesto en el mencionado

Informe, como son mejorar el proceso normativo,

simplificando y estabilizando un sistema tributario

complejo de altísima mutabilidad (invocando reforma

tras reforma razones de extraordinaria y urgente

necesidad) y de múltiples administraciones tributarias

(estatal, autonómicas y locales) no siempre bien

coordinadas, agilizar una justicia normalmente lenta

que debe afrontar una elevada litigiosidad, y conseguir

la total implantación de una comunicación y entorno

de colaboración eficaz entre la Administración tributaria

y las empresas, las cuales también han de seguir

avanzando en la definición de sus políticas fiscales (

tax

management

).

El objetivo no es eliminar las incertidumbres

tributarias, que siempre existirán para las empresas,

sino fomentar un entorno donde éstas puedan

gestionar sus riesgos fiscales con altas dosis de

seguridad jurídica.

Todo un reto, como puede apreciarse, pero sin duda

un objetivo deseable de consenso e impulso a nivel

internacional, quizá tan importante como el esfuerzo

realizado a prevenir y combatir prácticas fiscales

agresivas en la fiscalidad internacional.