KNOW Novedades Jurídicas y Fiscales nº93 - Octubre 2020

© 2020 KPMG Abogados S.L.P., sociedad española de responsabilidad limitada profesional y firma miembro de la organización global de KPMG de firmas miembro independientes afiliadas a KPMG International Limited, sociedad inglesa limitada por garantía. Todos los derechos reservados. 30 Nº 93 – Octubre 2020 KNOW Tax&Legal Ámbito legal (cont.) acceso a Internet, se presentan peticiones de decisión prejudicial, con el fin de que el TJUE interprete el art. 3 -que lleva por rúbrica “Salvaguardia del acceso a internet abierta”- del Reglamento (UE) 2015/2120 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre, por el que se establecen medidas en relación con el acceso a una Internet abierta y se modifica la Directiva 2002/22/CE relativa al servicio universal y los derechos de los usuarios en relación con las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas y el Reglamento (UE) n.º 531/2012 relativo a la itinerancia en las redes públicas de comunicaciones móviles en la Unión. Puntualiza el TJUE que los comportamientos analizados en el litigio principal incluyen medidas de bloqueo o de ralentización del tráfico asociado a la utilización de ciertas aplicaciones y de ciertos servicios, a los que se aplica el art. 3.3 del Reglamento 2015/2120 con independencia de si resultan de un acuerdo celebrado con el proveedor de servicios de acceso a Internet, de una práctica comercial de ese proveedor o de una medida técnica de dicho proveedor no asociada a un acuerdo o a una práctica comercial. Esas medidas de bloqueo o de ralentización del tráfico se aplican como complemento de la “tarifa cero” de la que disfrutan los correspondientes usuarios finales y hacen técnicamente más difícil, cuando no imposible, que estos utilicen aplicaciones y servicios no incluidos en esta tarifa. La Gran Sala resuelve sobre la interpretación solicitada, declarando que unos paquetes establecidos por un proveedor de servicios de acceso a Internet a través de acuerdos celebrados con usuarios finales , con arreglo a los cuales estos usuarios pueden contratar un plan que les permite utilizar sin restricciones un volumen de datos determinado , sin que la utilización de ciertas aplicaciones y de ciertos servicios específicos incluidos en una “tarifa cero” computen a efectos del consumo de ese volumen de datos, y, una vez agotado este volumen de datos, pueden seguir utilizando sin restricciones estas aplicaciones y estos servicios específicos, mientras que se aplican medidas de bloqueo o de ralentización de tráfico a las demás aplicaciones y servicios disponibles, son incompatibles con los apdos. 2 y 3 de dicho artículo, dado que , respectivamente, (i) estos paquetes, estos acuerdos y estas medidas de bloqueo o de ralentización limitan el ejercicio de los derechos de los usuarios finales , y (ii) dichas medidas de bloqueo o de ralentización se basan en consideraciones comerciales. ORDEN DE PRELACIÓN DE PAGOS Los honorarios de la AC anteriores a la comunicación de insuficiencia de la masa activa se excluyen de los créditos prededucibles. Sentencia del TS, Sala Primera, de lo Civil, Pleno, de 15/09/2020. Rec. 190/2018 Se debate en este asunto si los "créditos imprescindibles para concluir la liquidación" a los que el art. 176 bis .2 LC (orden de prelación de pagos de créditos), atribuye la condición de prededucibles y permite que sean satisfechos con anterioridad al resto, se circunscriben a los que hubieran nacido después de la comunicación de la insuficiencia de la masa activa. Tras la impugnación del plan propuesto por la Administración concursal (AC) para el pago de créditos contra la masa, y tras comunicar la insuficiencia de la masa activa, señala el TS que todos los créditos contra la masa que estuvieran pendientes de pago, y no solo los posteriores a la comunicación de insuficiencia de la masa activa, quedan sujetos al orden de prelación de pago del art. 176 bis .2 LC. La salvedad relativa a los "créditos imprescindibles para concluir la liquidación" afecta a los surgidos una vez comunicada dicha Tribunal de Justicia de la Unión Europea Concursal Tribunal Supremo