© 2022 KPMG Abogados S.L.P., sociedad española de responsabilidad limitada profesional y firma miembro de la organización global de KPMG de firmas miembro independientes afiliadas a KPMG International Limited, sociedad inglesa limitada por garantía. Todos los derechos reservados. 3 Nº 114 – Septiembre 2022 KNOWTax&Legal En el punto demira KPMG Abogados S.L.P. Pasado el periodo estival, dos Leyes muy esperadas se han publicado en el mes de septiembre, nos referimos a la reforma de la Ley Concursal y la denominada Ley Crea y Crece. Comenzando por la primera de ellas, a través de la Ley 16/2022 que reforma la Ley Concursal se transpone a nuestro ordenamiento la Directiva comunitaria sobre reestructuración e insolvencia, con el objetivo de que empresas que siendo viables afronten dificultades financieras puedan disponer de un marco de reestructuración temprana que les permita superar esa situación. Como cuestión puntual y polémica, durante su tramitación parlamentaria se ha aprovechado para introducir una nueva regulación de aplazamientos tributarios, más restrictiva que la actual, con entrada en vigor el próximo 1 de enero de 2023. Esta redacción ha venido acompañada de ciertas críticas, por la forma en que se ha llevado a cabo pero también por el fondo, hasta el punto que está ya en marcha una nueva modificación que acarrearía que la publicada recientemente se modifique antes de desplegar efectos. Por otro lado y tras meses también de tramitación, se ha publicado la Ley Crea y Crece, incorporando medidas de calado en distintos ámbitos. Así, por ejemplo, en el ámbito mercantil, las Sociedades de Responsabilidad limitada podrán constituirse con un capital de 1 euro o como medida de índole comercial, si bien con claro impacto fiscal, la Ley implementa de forma generalizada la facturación electrónica en las relaciones comerciales entre empresarios y profesionales, dejando no obstante un plazo de adaptación de entre 1 y 2 años en función de las circunstancias de las entidades. Sin perjuicio de estas dos grandes normas, el sector energético ha seguido copando protagonismo entre las novedades normativas, promulgándose un nuevo Real Decreto Ley (RD-ley 17/2022) con medidas urgentes. Destaca en este caso la reducción del IVA de entregas de gas natural y determinados combustibles utilizados en sistemas de calefacción, que pasa del 21% al 5%. Ya en el plano jurisprudencial destacan diversas Sentencias de distintos tribunales. Entre ellas, el Tribunal Supremo ha perfilado las características del consentimiento de un titular para permitir la entrada en su domicilio constitucionalmente protegido. Se valida en esta ocasión un consentimiento informado cuya comunicación se plasma en un Anexo informativo entregado al titular de domicilio, tal como exponemos en el interior de este número. En el ámbito comunitario, nos encontramos, entre otros, ante un nuevo pronunciamiento del TJUE en el que se analiza la relación de las entidades holding y la deducibilidad del IVA soportado. Además del ámbito fiscal, también en otras materias se han publicado pronunciamientos de interés. Entre ellos, el análisis que el TS realiza en el ámbito laboral sobre la compatibilidad entre la percepción de pensión por jubilación con la realización de actividad laboral, y los límites que aplicarán sobre la pensión a percibir en tales casos. Por otra parte, también de interés en el ámbito de contratación pública el TJUE ha resuelto que ante la sospecha de una oferta anormalmente baja el poder adjudicador debe exigir a los operadores económicos que expliquen el precio o los costes propuestos en su oferta. En lo que respecta a la doctrina administrativa, se incluyen diversas resoluciones de la DGSJFP (Registro Mercantil) y del Registro de la Propiedad. Entre las emanadas del Registro Mercantil incluimos, entre otras, la resolución que dispone que la falta de aportación del documento de identificación del titular real impediría que una sociedad pueda presentar a depósito sus cuentas anuales. Por otro lado, en cuanto a la doctrina administrativa de índole fiscal, hemos seleccionado diversos pronunciamientos del TEAC y contestaciones de la DGT. En lo que respecta a resoluciones del TEAC, resaltamos el apoyo que el Tribunal administrativo realiza al principio de bilateralidad en el ámbito de las operaciones vinculadas. Algo que resultará, sin duda. de gran interés en las regularizaciones tributarias donde la Inspección involucre formalmente en el procedimiento a solo una de las partes afectadas. En otro ámbito, destacamos una resolución que atañe a la responsabilidad tributaria de los miembros de una UTE. El Tribunal recuerda que los partícipes de una UTE resultan responsables solidarios de las deudas tributarias en las que pueda incurrir la propia UTE. Por último, en lo que respecta a resoluciones de la DGT destacamos en este número contestaciones vinculantes en diversos impuestos. En materia de Impuesto sobre Sociedades, tenemos un nuevo pronunciamiento sobre la deducción para evitar la doble imposición internacional asociada a la venta de participaciones sociales. Y una nueva resolución sobre la deducibilidad en este impuesto de remuneraciones a empleados por planes de opciones sobre acciones y entregas de acciones en el marco de un Grupo multinacional. En otros impuestos, destacamos la contestación en IRPF sobre la tributación asociada a una recompensa obtenida en criptoactivos a través del “staking” y sobre la incidencia del Importe neto de la cifra de negocios de un grupo de entidades a efectos del IAE.
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