KNOW. Novedades Jurídicas y Fiscales. nº70 - Septiembre-2018

© 2018 KPMG Abogados S.L.P. sociedad española de responsabilidad limitada profesional y firma miembro de la red KPMG de firmas independientes afiliadas a KPMG International Cooperative (“KPMG International”), sociedad suiza. Todos los derechos reservados. 10 KNOW Tax&Legal Ámbito legal REAL DECRETO-LEY 11/2018, de 31 de agosto (BOE 04/09/2018) , de transposición de directivas en materia de protección de los compromisos por pensiones con los trabajadores, prevención del blanqueo de capitales y requisitos de entrada y residencia de nacionales de países terceros y por el que se modifica la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Este Real Decreto-ley se dicta con el objetivo de transponer diversas directivas de la UE, por razones de extraordinaria y urgente necesidad, ante la gravedad de las consecuencias de seguir acumulando retraso en su incorporación al ordenamiento jurídico español, lo que permitirá cerrar los procedimientos de infracción abiertos por la Comisión Europea. Así, mediante este Real Decreto-ley se incorpora al ordenamiento jurídico español la siguiente normativa comunitaria: (i) la Directiva 2014/50/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, relativa a los requisitos mínimos para reforzar la movilidad de los trabajadores entre Estados miembros mediante la mejora de la adquisición y el mantenimiento de los derechos complementarios de pensión, que implica modificaciones en el TR de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre (TRLPFP) ; (ii) la Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2015, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo y por la que se modifica el Reglamento (UE) 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo y se derogan la Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y la Directiva 2006/70/CE de la Comisión, provocando la modificación de diversos preceptos de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo (Ley 10/2010); y (iii) la Directiva (UE) 2016/801 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2016, relativa a los requisitos de entrada y residencia de los nacionales de países terceros con fines de investigación, estudios, prácticas, voluntariado, programas de intercambio de alumnos o proyectos educativos y colocación au pair . En relación con la trasposición de la Directiva 2014/50/UE que modifica el TRLPFP, resaltar la introducción en la disposición adicional primera sobre “ Protección de los compromisos por pensiones con los trabajadores ”, relativa a la obligación de instrumentar mediante seguros colectivos o planes de pensiones de empleo los compromisos por pensiones asumidos por las empresas con los trabajadores, vinculados a determinadas contingencias , entre ellas la jubilación. La novedad opera sobre los seguros de esta naturaleza, siendo reseñable que se extiende la aplicación de la Directiva 2014/50/UE a todos los trabajadores -no sólo a los que cesan la relación laboral y se desplazan a otros Estados miembros-. El aspecto más destacable radica en los seguros colectivos que articulan compromisos por pensiones de jubilación donde las primas abonadas por la empresa no se imputan fiscalmente a los trabajadores, cuando exista adquisición y mantenimiento de derechos en caso de cese de la relación laboral previo a la jubilación. En ellos se produce la limitación de los requisitos de edad y de los periodos de espera y adquisición de derechos, y se regula la determinación de los derechos económicos por el cese, contemplándose expresamente la posibilidad de recuperar las primas abonadas por el trabajador cuando no se hubieran adquirido los derechos. Por otro lado, respecto a la trasposición de la Directiva (UE) 2015/849 en virtud de la cual se modifica la Ley 10/2010, destacar la previsión de una nueva obligación de registro para los prestadores de determinados servicios a sociedades y fideicomisos en el Registro Mercantil correspondiente. Se trata de una nueva obligación que afecta a todas las personas incluidas las personas físicas (empresarios o profesionales) que Varios Reales Decretos-leyes