© 2023 KPMG Abogados S.L.P., sociedad española de responsabilidad limitada profesional y firma miembro de la organización global de KPMG de firmas miembro independientes afiliadas a KPMG International Limited, sociedad inglesa limitada por garantía. Todos los derechos reservados. 3 Nº 117 – Diciembre 2022 KNOWTax&Legal En el punto demira KPMG Abogados S.L.P. El último tramo de 2022 ha supuesto un auténtico tsunami normativo que nos ha mantenido en vilo a quienes prestamos asesoramiento legal y fiscal y a prácticamente todos los sectores de la sociedad ante la envergadura de las medidas que se han adoptado el pasado mes de diciembre. Como no podía ser de otra manera en estas fechas, entre las grandes normas aprobadas al cierre de 2022 destaca la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2023 (LPGE 2023). Se recogen en ella numerosas modificaciones en materia fiscal de las grandes figuras impositivas estatales como las adoptadas en el ámbito del IVA, del Impuesto sobre Sociedades y relativas al IRPF, así como medidas de relevancia en materia laboral, en el ámbito financiero y referentes a contratación pública, entre otras. También en diciembre ha visto la luz la Ley de fomento del ecosistema de empresas emergentes, comúnmente conocida como Ley de “Startups”, con el principal objetivo de atraer inversión y talento a nuestro país y frenar su fuga al extranjero. Con este cometido la norma incorpora un conjunto de medidas fundamentalmente de índole mercantil y administrativo así como fiscales. Entre estas últimas ocupan un lugar protagonista las destinadas a favorecer el establecimiento en España de trabajadores y emprendedores residentes en el extranjero, con mejoras en el régimen fiscal de los impatriados y para inversores, trabajadores y gestores de determinados fondos. A punto de expirar 2022 se aprueba casi in extremis la Ley 38/2022 por la que se han introducido, por un lado, los gravámenes energético y de entidades de crédito y establecimientos financieros de crédito -en principio para los ejercicios 2023 y 2024- y, por otro, el Impuesto temporal de solidaridad de las grandes fortunas, en este caso, en principio para 2022 y 2023, junto con cambios en la fiscalidad del Impuesto sobre el patrimonio para no residentes titulares indirectos de inmuebles en España. Asimismo, a través de esta norma se han introducido también, entre otros cambios, una relevante limitación a la compensación de bases imponibles negativas, en el ámbito del Impuesto sobre sociedades, para entidades que tributan en régimen de consolidación fiscal, que se suma a las existentes, y cuya aplicación se acota a 2023. Continuando con la normativa más relevante del mes, el cierre del año ha venido acompañado de un último Real Decreto-ley (nada menos que el número 20 de 2022). Nos referimos al Real Decreto-Ley 20/2022 “anticrisis” con impacto en ámbitos diversos. Entre otras, ha supuesto la prórroga de una gran parte de las medidas que se habían adoptado en materia de energía y transportes –fiscales y de otra índole-, pues, de lo contrario, gran parte de las mismas habrían expirado a 31 de diciembre. Asimismo, se incluye en este RD-ley, como medida esperada especialmente por entidades de los sectores más castigados por la crisis derivada del Covid 19, la prórroga de la exoneración de la causa de disolución mercantil prevista en el TRLSC por pérdidas incurridas en 2020 y 2021, hasta el cierre del ejercicio que se inicie en 2024. Adicionalmente se incluyen en este extenso RD-ley medidas sociolaborales y en materia de vivienda, que de forma sucinta exponemos en este número. Por último, no podemos dejar de mencionar la aprobación también in extremis de las normas generales de gestión del Impuesto especial sobre los envases de plástico no reutilizables, en vigor desde el 1 de enero de 2023, con el que se ha introducido una carga administrativa e impositiva especialmente relevante para determinados sectores, que están acusando el poco margen ofrecido para poder dar cumplimiento a esta nueva medida. En el plano comunitario destacamos la aprobación de la Directiva “Pilar II” que introduce en el ámbito de la UE una tributación mínima global del 15% para grandes grupos nacionales e internacionales (aquellos con una cifra de negocios superior a 750 millones de euros), quedando ahora a la espera de que la norma se trasponga a nuestro derecho interno. Desde la perspectiva comunitaria destaca y así lo recogemos en el interior, la Directiva para un mejor equilibrio de género en los consejos de administración de entidades cotizadas. Sin bajar el nivel de intensidad de los cambios normativos, se encuentran las sentencias y resoluciones publicadas a finales de 2022, como refleja la selección de pronunciamientos. En el ámbito fiscal hemos conocido, entre otras, la segunda sentencia del TS admitiendo la posibilidad de aplicar la exención por trabajos desarrollados en el extranjero por parte de administradores y consejeros, así como un polémico cambio de criterio de la AN respecto de la deducción por IT sobre proyectos de desarrollo de software, quedando a la espera de lo que previsiblemente dirimirá el Tribunal Supremo. En otros ámbitos se han dictado también pronunciamientos de interés. En el laboral, acerca de la protección que alcanza a trabajadores cedidos por una ETT, o en el mercantil, con un pronunciamiento que anula un acuerdo social por entenderlo adoptado con la finalidad de privar a un tercero de un derecho reconocido judicialmente. Finalmente se incluyen pronunciamientos administrativos de interés, por parte del TEAC y la Dirección General de Tributos en el ámbito fiscal; así como por parte de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el ámbito mercantil.
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