© 2022 KPMG Abogados S.L.P., sociedad española de responsabilidad limitada profesional y firma miembro de la organización global de KPMG de firmas miembro independientes afiliadas a KPMG International Limited, sociedad inglesa limitada por garantía. Todos los derechos reservados. 6 Nº 110 – Abril 2022 KNOW Tax&Legal Fiscal/Legal LEY 7/2022, de 8 de abril (09/04/2022), de residuos y suelos contaminados para una economía circular. La Ley 7/2022 o (o la Ley) con entrada en vigor el día siguiente al de su publicación, esto es, el 10 de abril de 2022, salvo las medidas fiscales para incentivar la economía circular -reguladas en el Título VII de la Ley-, cuya entrada en vigor se producirá el 1 de enero de 2023, tiene por objeto sentar los principios de la economía circular a través de la legislación básica en materia de residuos, así como contribuir a la lucha contra el cambio climático y a la protección del medio marino. Con la aprobación de la Ley 7/2022 se contribuye al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible incluidos en la Agencia 2030 y en particular a los objetivos (i) 12: producción y consumo sostenibles, (ii) 13: acción por el clima, y (iii) 14: vida submarina. Con tal fin, esta Ley incorpora medidas de distinta índole que, en líneas generales, son las siguientes: Medidas de carácter administrativo, y más concretamente, medioambiental (Legal Alert): • Con la entrada en vigor de la Ley 7/2022 se incorporan al ordenamiento jurídico español la Directiva (UE) 2018/851 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo, que modifica la Directiva 2008/98/CE sobre los residuos (en adelante, la Directiva (UE) 2018/851), y la Directiva (UE) 2019/904 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de junio, relativa a la reducción del impacto de determinados productos de plástico en el medio ambiente (en adelante, la Directiva sobre plásticos de un solo uso). • Se revisan y clarifican ciertos aspectos de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados -que la nueva normativa deroga y reemplaza-, destacando aspectos como la responsabilidad del productor del residuo, la aplicación de los conceptos de subproducto y fin de la condición de residuo, la actualización del régimen sancionador y el refuerzo de la recogida separada, cuya obligatoriedad para algunas fracciones de residuos se extiende a todos los ámbitos, no sólo a los hogares, sino también al sector servicios o comercios, con el fin de permitir un reciclado de alta calidad y estimular la utilización de materias primas secundarias de calidad. • Se establecen instrumentos de planificación, programas de prevención de residuos y planes y programas de gestión de residuos. Asimismo, establece la posibilidad de adoptar medidas e instrumentos económicos, entre los que destacan el establecimiento de un impuesto aplicable al depósito de residuos en vertedero, a la incineración y a la coincineración de residuos. • Las políticas de prevención de residuos se encaminarán a lograr un objetivo de reducción en peso de los residuos generados, conforme al siguiente calendario: en 2025, un 13% respecto a los generados en 2010; y en 2030, un 15% respecto a los generados en 2010. • Se sistematizan las obligaciones de los sujetos intervinientes en la cadena de gestión y se aclaran algunas cuestiones fundamentales como la responsabilidad del productor inicial o poseedor del residuo, que no concluirá hasta el tratamiento completo del mismo, el cual deberá Leyes
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