KNOW Novedades Jurídicas y Fiscales nº112 - Junio 2022

© 2022 KPMG Abogados S.L.P., sociedad española de responsabilidad limitada profesional y firma miembro de la organización global de KPMG de firmas miembro independientes afiliadas a KPMG International Limited, sociedad inglesa limitada por garantía. Todos los derechos reservados. 32 Nº 112 – Junio 2022 KNOWTax&Legal Ámbito fiscal (cont.) RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO LEGISLADOR El TJUE confirma que la normativa española reguladora de la responsabilidad patrimonial por infracción del derecho europeo se opone al principio de efectividad. Sentencia del TJUE de 28/06/2022. Asunto C-278/20 En esta Sentencia el TJUE concluye que la normativa española reguladora de la responsabilidad patrimonial por infracción del derecho europeo se opone al principio de efectividad(aunque rechaza la infracción del principio de equivalencia alegado también por la Comisión Europea). El origen de este asunto se sitúa en noviembre de 2019 cuando la Comisión Europea adoptó la decisión de llevar a España ante el TJUE por la regulación de la responsabilidad patrimonial del Estado español derivada de una infracción del Derecho de la UE. Consideraba la Comisión que la legislación española supedita la compensación a una serie de condiciones acumulativas que en la práctica hacen imposible o excesivamente difícil obtener una indemnización(art. 32.5 Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público). En concreto: - debe haber una sentencia del TJUE por la que se declare que un acto legislativo español vulnera el Derecho de la Unión; - la parte perjudicada debe haber obtenido una sentencia firme por la que se desestime un recurso contra la decisión administrativa que causó el daño; y - la parte perjudicada debe haber alegado la infracción del Derecho de la Unión durante dicho procedimiento de recurso. Este procedimiento concluyó por resultar infructuoso y la Comisión inició un procedimiento de infracción, que ahora quedó dirimido por el TJUE concluyendo que: - El requisito que se exige para que un particular pueda ser indemnizado por el perjuicio que le cause una infracción del Derecho de la Unión imputable al legislador nacional, es que dicha infracción haya sido declarada previamente por el TJUE es contrario al principio de efectividad. Ello porque la reparación del daño causado por una infracción del Derecho de la Unión imputable a un Estado miembro no puede estar subordinada al requisito de que una sentencia dictada por el Tribunal de Justicia con carácter prejudicial declare la existencia de tal infracción. - El requisito de que el particular perjudicado haya obtenido una sentencia firme por la que se desestime un recurso contra la decisión administrativa que causó el daño, también es contrario al principio de efectividad. - Respecto al requisito de que el particular perjudicado haya alegado la infracción del Derecho de la Unión en el marco del recurso contra la actuación administrativa que ocasionó el daño puede suponer una complicación procesal excesiva, contraria al principio de efectividad. Ello porque en esa fase puede resultar excesivamente difícil, o incluso imposible, prever qué infracción del Derecho de la Unión declarará finalmente el Tribunal de Justicia. - En cuanto al dies a quo para exigir esta responsabilidad patrimonial del Estado legislador, la publicación de la sentencia en el Diario Oficial que declare la infracción no puede constituir, sin vulnerar el principio Ley General Tributaria (LGT) y procedimientos tributarios Tribunal de Justicia de la Unión Europea

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